Uno de los argumentos más repetidos en
los últimos días por los representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid es que
la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Resulta paradójico
que esta idea sea expresada en voz alta precisamente por un gestor de la cosa pública
elegido democráticamente para gestionar lo que es de todos. Aquellos que se autoproclamaron
durante toda la campaña electoral como los mejores gestores posibles, los más
dignos de confianza, los que sabían y querían gestionar de forma eficiente los
recursos comunes son los mismos que ahora se declaran incapaces de solucionar
las ineficiencias del sistema sanitario y que proponen su venta a gestores más
capaces provenientes de la iniciativa privada.
La iniciativa privada tiene como pilar fundamental
generar ganancia, esto no es ningún secreto, de hecho es el paradigma del que
emana el sistema económico actual. El objetivo es generar los mejores
productos, los más cotizados y por supuesto los que permitan obtener un mayor
margen de beneficios. Del mismo modo que nadie compraría un coche que necesita
ir al taller semanalmente, nadie en su sano juicio crearía una empresa si sabe
que va a generar pérdidas. Cualquier empresario sueña con un producto fácil de elaborar, con costes de producción
bajos, con gran demanda y precios
elevados que permitan obtener grandes beneficios en un periodo corto de tiempo,
permitiendo amortizar cuanto antes la inversión inicial. Desde esta perspectiva
no se entiende que las empresas privadas pretendan entrar en el negocio de la
sanidad pública cuando desde la propia administración se nos repite de forma
incansable que es un negocio deficitario.
La sanidad pública no es un modelo homogéneo.
En ella se atienden todos los procesos desde la prevención hasta la reinserción.
En ella se encuentran los programas de atención al niño sano y los transplantes
multiorgánicos, las campañas de vacunación de la gripe y la atención a personas
con enfermedades crónicas que requieren múltiples ingresos. En ella se
diagnostica, se cura y se cuida a cualquier persona que tenga un problema
relacionado con su salud. Sería del todo inexacto, por tanto, catalogar al
sistema público de salud como deficitario sin analizar cada una de sus partes
por separado. Podríamos determinar que los procesos agudos, que requieren de
pocos recursos para ser diagnosticados y tratados, que necesitan pocos días de
ingreso y que no dejan secuelas, son los menos costosos para el sistema de
atención especializada. En el otro extremo estarían aquellos procesos que
requieren de un mayor uso de recursos para diagnosticarlos, como pruebas
complejas, determinaciones especiales o aparataje de última generación, que
precisan hospitalizaciones prolongadas o varios reingresos y que dejan secuelas
importantes que necesitan programas específicos de rehabilitación. Lógicamente,
a la hora de plantear un modelo privado de gestión para el sistema público de
salud, éste se focalizaría únicamente en el primer caso, ya que no parece que
exista nadie dentro de la empresa privada que quiera asumir la atención de procesos
que claramente originarán costes difíciles de asumir.
El Plan de Sostenibilidad planteado por
el gobierno de la Comunidad
de Madrid define a la perfección este escenario. Los hospitales nuevos serán gestionados
por empresas privadas que asumirán únicamente la atención de los procesos
agudos, pudiendo derivar los procesos más caros, como la atención a pacientes
geriátricos al Hospital de la
Princesa o la de personas que necesitan ingresos prolongados
al Hospital Carlos III. Este solamente representa el primer paso. Las empresas
concesionarias, como empresas privadas, buscan de forma constante incrementar
su margen de beneficios, algo que, una vez concretados los procesos a atender,
sólo se puede conseguir reduciendo los costes de la propia atención, es decir,
los recursos materiales y los recursos humanos.
El sistema económico en el que estamos
inmersos reconoce los productos de mayor calidad otorgándoles un mayor precio.
No hay que retorcer mucho el argumento para concluir que, si hablamos de productos, más barato
significa peor calidad. Del mismo modo, el mercado reconoce la calidad de un
servicio dado por expertos con la última tecnología y de forma individualizada aplicándole
el mayor precio. Así, si seguimos hablando el lenguaje del mercado, disminuir el coste de la atención sanitaria ahorrando en
recursos materiales y humanos implica inequívocamente una disminución de la
calidad.
Los trabajadores del sistema público de
salud sabemos mejor que nadie que
existen múltiples aspectos mejorables. Conocemos las ineficiencias y los puntos
débiles. Desarrollamos nuestro ejercicio profesional diariamente en un medio
que tiene un amplio margen de mejora. Es este conocimiento el que nos permite
sorprendernos y oponernos frontalmente a la solución privatizadora propuesta
por la Comunidad
de Madrid.
La sanidad pública debe mejorar para dar
más beneficios a los usuarios con un menor coste para todos. La sanidad pública
lo que no debe es mejorar los beneficios de unos pocos a costa de todos, que se
parece, pero no es lo mismo.
