Las decisiones tomadas por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos días en cuanto a la
privatización de la gestión sanitaria de los nuevos hospitales han sido presentadas
como medidas de ajuste necesarias para cumplir con los objetivos de déficit.
Sin embargo, estas decisiones son en realidad la consumación de un plan
privatizador de la sanidad madrileña que se ha ido ejecutando con paso firme
desde hace varios años. Este plan
privatizador exigía en primer lugar disponer de un producto atractivo que se
pudiera ofrecer a las empresas privadas, un producto que permitiese hacer de la
atención sanitaria un objeto rentable para los inversores privados.
El diseño, construcción y puesta
en marcha de los nuevos hospitales fue el primer paso de esta reconversión del
producto. Instalaciones de nueva construcción, dotadas de las últimas
tecnologías y cercanas a la población a atender. Instalaciones mostradas ante
la sociedad como la respuesta acertada de la administración a las demandas de
modernización del sistema sanitario presentadas por la poblacion. Este lavado de
cara supuso un salto cualitativo pero , por supuesto, insuficiente para dotar
de atractivo al negocio de la salud. El siguiente paso requería una
reconversión del modelo de atención.
Los hospitales como la Paz, el
Clínico, el G. Marañón, Ramón y Cajal o Puerta de Hierro se definen sobre el
papel como hospitales para patologías agudas, es decir, para aquellos procesos
que pueden diagnosticarse, tratarse y resolverse en un periodo relativamente
corto de tiempo. Cualquier profesional
sanitario sabe que en estos hospitales públicos se realiza una atención que se
aleja de forma importante de este objetivo. Nuestros hospitales atienden a
diario un porcentaje ciertamente elevado de usuarios cuyo problema de salud no
encaja en este perfil de patología aguda. Así, las personas que requieren hospitalizaciones
prolongadas o reingresos frecuentes motivados por la gravedad, la cronicidad,
las secuelas de la enfermedad o la edad avanzada escapan de este “paciente tipo”
que se espera atiendan los hospitales de agudos. Existe aún un factor más que
aleja la realidad de estos hospitales de aquello para lo que fueron diseñados. Un
hospital público es más que un centro de asistencia sanitaria. En estos
centros, miles de profesionales sanitarios y no sanitarios abordan y resuelven
problemas de carácter social. La falta de apoyos sociales o de recursos
económicos para afrontar el alta tras un periodo prolongado de hospitalización
o tras una enfermedad cuyas secuelas exigen de estos apoyos, es motivo
suficiente para prolongan la hospitalización, desdibujando este objetivo de
atención a patología aguda.
Huelga decir que los ingresos
prolongados, las necesidades de hospitalización frecuente, el abordaje de
patologías que dejan secuelas que requieren de recursos sanitarios
especializados o los problemas sociales, suponen un consumo de recursos
económicos ciertamente elevado. El encarecimiento del producto, ocasionado por
estos factores, lo hace muy poco
atractivo para la iniciativa privada. Este punto ha sido resuelto de forma
impecable en esta semana por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al
reconvertir a dos hospitales de agudos como La Princesa y el hospital Carlos
III en hospitales para pacientes geriátricos en el primer caso y para
hospitalizaciones prolongadas en el segundo. Esto permite que los usuarios de
los nuevos hospitales privatizados que no cumplan con el perfil de “paciente
agudo” puedan ser derivados a estos centros, derivando también el coste que
supone su atención desde la empresa privada al sistema público. Un movimiento
bastante tosco para abaratar los procesos en los hospitales privatizados a
costa de incrementar su coste para el sistema público de salud.
Un aspecto reseñable que implica
un encarecimiento de la atención sanitaria, es el abordaje de procesos complejos
que precisan tratamientos médicos, quirúrgicos o cuidados de elevado coste y
que suponen hospitalizaciones prolongadas tanto para el diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o reinserción. Procesos que exigen además de un esfuerzo
económico y humano que se refleja también en la necesidad constante de
investigación y desarrollo de nuevos abordajes. Los trasplantes, tratamientos
oncológicos o pruebas diagnósticas con aparataje de última tecnología son
algunos ejemplos de lo que no debe asumir el sector privado si quiere
rentabilizar la inversión. No hay duda por tanto de que estos procesos seguirán
siendo asumidos por el sistema público, al menos de momento.
Recapitulando; el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, con dinero público, ha diseñado y puesto a la venta un producto
atractivo y rentable, un producto que supone la atención del usuario “ideal”.
Un usuario que precisa de una atención sanitaria sobre una patología aguda, no
complicada, sin secuelas y sin necesidad de apoyo social. Cualquier proceso que
se aleje de este diseño será derivado al sistema público que, por supuesto,
asumirá el coste. Un negocio absolutamente perfecto con el que sueña todo empresario.
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