Se parece, pero no es lo mismo

Uno de los argumentos más repetidos en los últimos días por los representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid es que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Resulta paradójico que esta idea sea expresada en voz alta precisamente por un gestor de la cosa pública elegido democráticamente para gestionar lo que es de todos. Aquellos que se autoproclamaron durante toda la campaña electoral como los mejores gestores posibles, los más dignos de confianza, los que sabían y querían gestionar de forma eficiente los recursos comunes son los mismos que ahora se declaran incapaces de solucionar las ineficiencias del sistema sanitario y que proponen su venta a gestores más capaces provenientes de la iniciativa privada.

La iniciativa privada tiene como pilar fundamental generar ganancia, esto no es ningún secreto, de hecho es el paradigma del que emana el sistema económico actual. El objetivo es generar los mejores productos, los más cotizados y por supuesto los que permitan obtener un mayor margen de beneficios. Del mismo modo que nadie compraría un coche que necesita ir al taller semanalmente, nadie en su sano juicio crearía una empresa si sabe que va a generar pérdidas. Cualquier empresario sueña con un producto fácil  de elaborar, con costes de producción bajos,  con gran demanda y precios elevados que permitan obtener grandes beneficios en un periodo corto de tiempo, permitiendo amortizar cuanto antes la inversión inicial. Desde esta perspectiva no se entiende que las empresas privadas pretendan entrar en el negocio de la sanidad pública cuando desde la propia administración se nos repite de forma incansable que es un negocio deficitario.

La sanidad pública no es un modelo homogéneo. En ella se atienden todos los procesos desde la prevención hasta la reinserción. En ella se encuentran los programas de atención al niño sano y los transplantes multiorgánicos, las campañas de vacunación de la gripe y la atención a personas con enfermedades crónicas que requieren múltiples ingresos. En ella se diagnostica, se cura y se cuida a cualquier persona que tenga un problema relacionado con su salud. Sería del todo inexacto, por tanto, catalogar al sistema público de salud como deficitario sin analizar cada una de sus partes por separado. Podríamos determinar que los procesos agudos, que requieren de pocos recursos para ser diagnosticados y tratados, que necesitan pocos días de ingreso y que no dejan secuelas, son los menos costosos para el sistema de atención especializada. En el otro extremo estarían aquellos procesos que requieren de un mayor uso de recursos para diagnosticarlos, como pruebas complejas, determinaciones especiales o aparataje de última generación, que precisan hospitalizaciones prolongadas o varios reingresos y que dejan secuelas importantes que necesitan programas específicos de rehabilitación. Lógicamente, a la hora de plantear un modelo privado de gestión para el sistema público de salud, éste se focalizaría únicamente en el primer caso, ya que no parece que exista nadie dentro de la empresa privada que quiera asumir la atención de procesos que claramente originarán costes difíciles de asumir.

El Plan de Sostenibilidad planteado por el gobierno de la Comunidad de Madrid define a la perfección este escenario. Los hospitales nuevos serán gestionados por empresas privadas que asumirán únicamente la atención de los procesos agudos, pudiendo derivar los procesos más caros, como la atención a pacientes geriátricos al Hospital de la Princesa o la de personas que necesitan ingresos prolongados al Hospital Carlos III. Este solamente  representa el primer paso. Las empresas concesionarias, como empresas privadas, buscan de forma constante incrementar su margen de beneficios, algo que, una vez concretados los procesos a atender, sólo se puede conseguir reduciendo los costes de la propia atención, es decir, los recursos materiales y los recursos humanos.

El sistema económico en el que estamos inmersos reconoce los productos de mayor calidad otorgándoles un mayor precio. No hay que retorcer mucho el argumento para concluir que,  si hablamos de productos, más barato significa peor calidad. Del mismo modo, el mercado reconoce la calidad de un servicio dado por expertos con la última tecnología y de forma individualizada aplicándole el mayor precio. Así, si seguimos hablando el lenguaje del mercado, disminuir el coste de la atención sanitaria ahorrando en recursos materiales y humanos implica inequívocamente una disminución de la calidad.

Los trabajadores del sistema público de salud sabemos  mejor que nadie que existen múltiples aspectos mejorables. Conocemos las ineficiencias y los puntos débiles. Desarrollamos nuestro ejercicio profesional diariamente en un medio que tiene un amplio margen de mejora. Es este conocimiento el que nos permite sorprendernos y oponernos frontalmente a la solución privatizadora propuesta por la Comunidad de Madrid.

La sanidad pública debe mejorar para dar más beneficios a los usuarios con un menor coste para todos. La sanidad pública lo que no debe es mejorar los beneficios de unos pocos a costa de todos, que se parece, pero no es lo mismo.